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Reseña histórica

     La Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) tiene como objeto regular los mercados de valores, las personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en ellos, los actos o contratos relacionados con tales mercados y los valores negociados en ellos. La SUGEVAL fue creada por la nueva Ley Reguladora del Mercado de Valores (LRMV), Ley Nº 7732, que entró en vigencia el 27 de marzo de 1998 y vino a  sustituir a la hasta entonces existente Comisión Nacional de Valores (CNV), heredando sus activos y funcionarios. 

      La CNV había sido creada el 29 de octubre de 1990, cuando entró en vigencia la primera Ley Reguladora del Mercado de Valores (LRMV de 1990), Ley Nº 7201. Con esa ley se estableció un marco jurídico que dio gran peso a la autorregulación, en consonancia con la realidad el mercado de valores costarricense que, en ese momento, contaba con una bolsa de valores (Bolsa Nacional de Valores-BNV) que tenía cerca de 14 años de existir. El desarrollo del mercado de valores costarricense desde la creación de la BNV y durante la década de los ochentas presentó un crecimiento acelerado[1].  Se caracterizó inicialmente por la participación del sector público captando recursos por medio de bolsa y logrando dar liquidez a sus títulos. Las restricciones crediticias del Banco Central de Costa Rica impulsaron además, durante el primer quinquenio de la década, el registro por parte del sector privado de certificados de inversión.

     Para mediados de los ochenta, los puestos de bolsa empezaron a desarrollar una figura similar a fondos de inversión, sin embargo, no existía en ese momento regulación que controlara su constitución u operación, lo que se evidenciaba en la inexistencia de prospectos, garantías de rendimientos, descalce de plazos, entre otros. Asimismo, el monopolio existente a favor de la banca estatal con respecto al manejo de cuentas corrientes generó, por parte de los puestos de bolsa, la creación de figuras que ofrecían liquidez y tenían cierto grado de rentabilidad: las Operaciones de Administración Bursátiles (OPABs) para carteras individuales y las Carteras de Administración de Valores (CAVs), para carteras mancomunadas. Por otra parte, la banca gestionaba carteras mancomunadas bajo la figura de fideicomisos, lo cual impedía que la figura de los fondos de inversión se desarrollara. 

     La crisis financiera de 1987 y sus repercusiones sobre las OPABs y CAVs, así como el vacío regulatorio que normaba estas figuras y el crecimiento transaccional de la BNV, sentó las bases y la voluntad política para la promulgación de la Ley del Mercado de Valores de 1990. Además de la creación de la CNV, la LRMV de 1990 establece legalmente las figuras de fondos de inversión (bajo el nombre de “sociedades de inversión”) y sociedades administradoras de fondos de inversión (bajo el nombre de “sociedades operadoras de sociedades de inversión” ), característica que los fortalece ante las OPABs y CAVs, crea la figura del macrotítulo (bajo el nombre de “certificado múltiple”) y norma las figuras de las bolsas de valores, centrales para el depósito de valores, puestos de bolsa y agentes de bolsa.

      El 18 de agosto de 1995, con la aprobación de la Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias y Reformas de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y del Código de Comercio, Ley Nº 7735, se introdujeron varias reformas a la LRMV  de 1990, entre las cuales se destaca el otorgamiento de mayores facultades reglamentarias a la Comisión y una recomposición de su Junta Directiva, donde destaca la eliminación de la participación de un representante de las bolsas.

     Varios factores impulsaron la creación de una nueva Ley para el mercado de valores: el desarrollo del mercado: la existencia de algunos temas que no abordaba la LRMV de 1990; la apertura de las captaciones de cuenta corriente para la banca privada en septiembre de 1996; y la implementación de medidas de política monetaria como el encaje a carteras de puestos de bolsa (CAVs y OPABs).

      La LRMV de 1998 crea la SUGEVAL y la fortalece con respecto a la CNV. Crea además el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), con las funciones de emitir la reglamentación de la ley, de autorizar la oferta pública y de conocer en alzada las apelaciones contra las resoluciones del Superintendente. Dicho Consejo se creó común a las tres Superintendencias (Entidades Financieras, Pensiones y Valores) existentes en ese momento y está conformado por el Ministro de Hacienda o, en su ausencia, un Viceministro de esa cartera; el Presidente del BCCR o el Gerente; y cinco representantes del sector privado sin conflicto de interés. Estos cinco miembros son nombrados por la Junta Directiva del Banco Central por mayoría de, al menos, cinco votos,  permanecen en sus cargos cinco años y pueden ser reelegidos por una sola vez.

     Con la LRMV se crean también las figuras del Superintendente y del Intendente General de Valores, que el CONASSIF nombra por un período de cinco años y que pueden ser reelegidos cuantas veces lo acuerde el Consejo. El Superintendente constituye el máximo jerarca administrativo de la Superintendencia; tiene su representación legal; y le corresponde organizar la Institución y velar por su buen funcionamiento; es su deber proponerle al CONASSIF tanto la reglamentación del mercado, así como las autorizaciones de oferta pública; e imponer las sanciones a las entidades reguladas por la Superintendencia.

 


[1] Según datos de la BNV, el volumen total anual de transacciones pasó de US$28 millones (1.2% del PIB) en 1976 a US$301 millones (6.2% del PIB) en 1980, a US$950 millones (19.9% del PIB) en 1985 y a US$2,689 millones (36.6% del PIB) en 1990.

 
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